El 1 de junio, cuando Pablo Villavicencio, cumpliendo su trabajo en un restaurante de Queens, Nueva York, debía entregar lo ordenado en el fuerte militar de Brooklyn, fue detenido por no tener sus documentos migratorios.
Llamó a su esposa, Sandra Chica, para comunicarle lo ocurrido y a su abogada de inmigración, Cristina T. Hall. Lo llevaron a la cárcel del condado de Hudson, Nueva Jersey. Fue puesto en confinamiento solitario por 72 horas.
Pasados los tres días, pudo volver a hablar con Sandra, quien le comunicó que la abogada Hall ya no lo representaba y que ahora tenía nuevos abogados. Ella había pasado esos días tocando puertas a organizaciones sociales y junto con amigos y familiares difundieron la noticia de la detención de Pablo en las redes sociales para que la prensa se interesara en su caso. También escribió por Twitter al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y al alcalde, Bill De Blasio, y le contestaron. La prensa también respondió.
El gobernador Cuomo llamó a Sandra y la reunió con su abogado personal para ver las opciones que tenía Pablo. Después de esa reunión le llegó la ayuda legal que hasta ahora lo representa: abogados de la firma privada The Blue Law Group y la directora de la organización Legal Aid Society. La ciudad de Nueva York se había comprometido a cubrir los gastos de la representación legal de Pablo Villavicencio y a seguir pagándolos, tal como constaba en un tuit de la cuenta oficial del alcalde Di Blasio del 9 de junio.
El grupo de abogados empezó a visitar a Pablo en la cárcel hasta cuatro veces por semana junto con su esposa e hijas. Le llevaron médicos privados y lo mantenían al tanto de los detalles del caso. En cada visita le reiteraban el firme compromiso del gobernador Cuomo y el alcalde Di Blasio de seguir luchando por su libertad. También le decían que otros representantes del estado de Nueva York estaban pendientes de su caso, por ejemplo, el concejal Carlos Menchaca, quien preside el Comité de Inmigración del Concejo Municipal. Los abogados escribieron una carta al director de ICE exigiendo la inmediata libertad de Villavicencio, a nombre del alcalde y del gobernador, quienes también daban declaraciones a la prensa haciendo público su apoyo a Villavicencio.
El caso tomó más fuerza y la prensa local e internacional empezó a llegar a la cárcel.La organización social Make the Road New York, que ofrece apoyo a las comunidades de inmigrantes y a la clase trabajadora, brindó ayuda a Pablo y a su familia, y aproximadamente 40.000 personas, a través de varias organizaciones, firmaron exigiendo su libertad.
Cuenta que cerca de la tercera semana de su detención, los abogados le informaron que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, se había puesto a las órdenes para ayudarlo a él y a su familia, porque creía que Pablo era víctima de perfil racial. Se abrió una cuenta en Facebook para recaudar fondos para alimentación de sus hijas, la renta de la casa y otras cosas básicas de la familia.
Alrededor de la cuarta semana de estar en la cárcel recibió la visita de la cónsul de Ecuador en Nueva York, Linda Machuca. Dice que no sabe si específicamente fue por él, ya que Machuca le comentó que tenía varios presos que ver ese día. Apunta que lo único recibido de la cónsul fue una lista de menajes, a lo que él le contestó que por el momento no necesitaba ese tipo de documentación porque no pensaba regresar a Ecuador.
Tras relatar la ayuda recibida durante los 53 días que estuvo detenido, Pablo señala: “Esta es toda la gente que estuvo realmente a mi lado”.
Pablo Villavicencio fue liberado el 24 de julio, cuando un juez federal decidió que él puede permanecer en EE.UU. mientras agota su derecho de obtener un estatus legal.
B.S., Legal Studies. Actualmente me desempeño como Paralegal en el área Civil (Housing) de The Legal Aid Society de New York. Previamente trabajé por 18 años en producción de TV & Film en las ciudades de Guayaquil (6) y New York (12). Columnista de opinión del diario EL UNIVERSO por 6 años. Soy activista de derechos humanos.
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